El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer el pasado 24 de mayo una declaración pública frente al anuncio del Gobierno de presentar un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto. En el documento, los obispos expresaron su profunda preocupación por esta iniciativa, reafirmando con claridad la postura de la Iglesia Católica en defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
“Lamentamos profundamente estas iniciativas, que atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana”, señalaron en el primer punto de la declaración, reiterando lo expresado en su pronunciamiento anterior del 2 de junio de 2024. El texto subrayó que toda vida humana posee una dignidad que debe ser siempre protegida y promovida, sin excepción. Con ello, los obispos buscaron llamar la atención sobre el carácter ético irrenunciable de la defensa de los más indefensos, especialmente
en un país que anhela mayores niveles de justicia y dignidad para todos sus ciudadanos.
En la segunda sección, los pastores citaron directamente al Papa Francisco a través del documento Dignitas Infinita (n.º 47, 2024), destacando que: “Un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades”.
Con esta afirmación, reafirmaron la incompatibilidad entre el respeto por la vida humana y cualquier intento de justificar el aborto bajo criterios utilitarios o relativos. Los obispos reconocieron que existen situaciones de embarazo marcadas por circunstancias dolorosas y complejas, pero insistieron en que: “Ningún acto de violencia puede justificarse como
solución”.
Al mismo tiempo, hicieron un llamado a cultivar una profunda empatía hacia las mujeres que enfrentan estas difíciles experiencias, subrayando la necesidad de acompañarlas con cercanía, escucha y apoyo.
En su tercer punto, la declaración destacó:“Pedimos no relativizar el valor de la vida humana, especialmente de los más indefensos”.
Para fundamentar aún más esta postura, los obispos recordaron las palabras de San Juan Pablo II en Evangelium Vitae (n.º 73, 1995), donde advierte que el aborto es un crimen “que ninguna ley humana puede pretender legitimar”. Además, señalaron que estas leyes no crean obligación moral alguna, sino que establecen una “grave y precisa obligación” de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia.
En el último punto de la declaración, el Comité Permanente citó al Papa León XIV, recogiendo parte de su reciente discurso al Cuerpo Diplomático: “Nadie puede eximirse de favorecer contextos en los que se tutele la dignidad de cada persona, especialmente de aquellas más frágiles e indefensas: desde el niño por nacer hasta el anciano; desde el enfermo al desocupado; sean estos ciudadanos o inmigrantes”.
Con estas palabras, los obispos articularon una visión que va más allá de la defensa del no nacido, abarcando a toda persona vulnerable en nuestra sociedad: ancianos, enfermos, migrantes, personas sin empleo. Su llamado final fue claro: urge promover una cultura verdaderamente inclusiva, donde toda vida humana, sin excepción, sea acogida y cuidada.
La declaración fue firmada por los miembros del Comité Permanente:
Mons. René Rebolledo (Presidente),
Mons. Ignacio Ducasse (Vicepresidente),
el Cardenal Fernando Chomali,
Mons. Juan Ignacio González y Mons. Cristián Castro.
