Señor Director:
Esta semana en España un presunto yihadista, extremista musulmán, asesinó al sacristán de una parroquia y dejó gravemente herido al sacerdote. El obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Munilla, se preguntó: “¿qué ha fallado para que un joven que tenía orden de expulsión hace siete meses haya podido llegar a cometer estos delitos?”. Debía ser devuelto a suelo marroquí.
En enero de este año la Fundación “Ayuda a la Iglesia Necesitada” comunicó que delincuentes quemaron vivo al sacerdote nigeriano Isaac Acha y otro quedó herido gravemente. No habría sido por odio a la fe, sino un acto de delincuentes. El gobernador, donde tuvo lugar el ataque, lo describió como un episodio “impío e inhumano”. No es necesario entrar en detalles. No fue noticia.
El año pasado e inicios de este año, sacerdotes de la diócesis de Melipilla sufrieron asaltos a las casas parroquiales en Puangue, en Llolleo y en Peñaflor. En esta última lamentable situación, dada a conocer solamente por “Chilevisión”, el párroco sufrió gravísimas lesiones. Fue atendido en el hospital de la Universidad Católica. Todos ellos han sido acompañados por las comunidades, por sus familiares y cuentan con la cercanía y solidaridad de los sacerdotes.
En nuestro Chile de hoy son muchas las personas y familias que sufren violencia, no tienen justicia ni acompañamiento. En la diócesis hay mucho narcotráfico y situaciones que afectan a los barrios humildes, a las familias y personas de bien, a migrantes honestos y sufrientes provenientes de regímenes totalitarios como Venezuela. Es lamentable que en estas circunstancias el mandatario haya indultado a delincuentes chilenos y que sus asesores lo justifiquen. ¿Está en su potestad? Sin duda. Y ¿quiénes son los colectivos que más lo apoyan adhiriendo a la normativa constitucional?
Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla
Cartas al Director, El Mercurio 29 de enero 2023
